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Hace un año empecé con esta aventura de denunciar públicamente las carencias e irregularidades que sufría Estepona, pero nunca me podría imaginar que iba a escribir sobre la operación “ASTAPA”, una de las actuaciones policiales más grandes realizadas en nuestro país contra la corrupción urbanística, donde intervinieron 200 policías.
Aunque las irregularidades y los escándalos urbanísticos estaban al orden del día, véase como ejemplo el famoso edificio prasa, nadie se podría imaginar que la policía estaba realizando una investigación de este calibre. Posiblemente los que ahora están implicados eran sin ellos saberlo, los máximos informadores, debido a sus insultos, amenazas y imputaciones de supuestos delitos que se hacían públicamente. En el último pleno donde se aprobó la recalificación de 80 hectáreas de suelo no urbanizable en la zona de El Padrón para que se pudiera construir 1.000 viviendas, el partido PES calificó el convenio de “aberración”, y apuntó a la posible comisión de “tráfico de influencias” con la empresa firmante del convenio, de la que dijo que es afín a la entidad bancaria Kutxa, vinculada al grupo Valle Romano. Además acusaron al jefe del gabinete de alcaldía, Don. José Flores, de haber negociado el convenio.
Según el periódico el Mundo, los pagos fraudulentos en un principio era “dinero B” para pagar gastos y después se convertía en “dinero C” para los altos cargos y se pedía con la frase” Hace falta gasolina para que se mueva el coche”. Muchas de las dudas de mis escritos ya están contestadas, menos una, ¿Por qué la demarcación de costa se hace cargo de la demolición de la estructura de Prasa pagando alrededor de 1,2 millones de euros?
Creo que lo que aceleró la maquinaría policial a pasar a la acción fue la infiltración que hubo en la prensa nacional, donde se decía que el arquitecto municipal Arturo CEBRÍAN había salido en unas escuchas telefónicas en el Caso Hidalgo.
Desconozco si entre los detenidos pueden haber inocentes, o culpables aún no detenidos, lo que sí puedo confirmar sin lugar a dudas, es que inocentes fueron aquellos enfermos graves que fallecieron como consecuencia de la inexistencia de un hospital, encontrándose el más cercano a más de 30 kilómetros, o porque solamente existan dos ambulancias U.V.I móvil, teniendo que venir en ocasiones la ambulancia del 061 de San Pedro, en una población superior a 60.000 habitantes.
Seguramente a partir de ahora se acabarán los favoritismos, todos tendremos los mismos derechos y deberes aunque no pertenezcamos a un partido político y el ayuntamiento recuperará sus endeudamientos. Igualmente el Sr. Zamorano dejará de encontrar facturas no pagadas en su cajón, excusa que decía públicamente para pedir créditos. Hay muchos imputados pero la cifra subirá seguramente cuando se revise toda la documentación intervenida. Intervenciones como estas me hacen seguir creyendo en la justicia española, porque últimamente la tenía perdida por asuntos personales ocurridos en el trabajo.
Felicitar a todos los compañeros que intervinieron por los resultados obtenidos y sobre todo a la Sra. Jueza, siendo crucial la profesionalidad y la máxima discreción que han tenido hasta el último instante.
También dar un toque de atención a esos periodistas que escriben en prensa nacional que no tienen escrúpulos y nombran las circunstancias de la muerte de un familiar de uno de los detenidos. |
